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La imagen de Nicolás Maduro declarando ante un tribunal de Nueva York y autodenominándose “prisionero de guerra” marca uno de los momentos más insólitos de la política latinoamericana reciente. Nunca antes un presidente en funciones de un país de la región había sido capturado por fuerzas estadounidenses, trasladado a EE.UU. y presentado ante la justicia norteamericana mientras su país atraviesa una transición forzada de poder.
El artista demandó a su exesposa por 250 millones de dólares
La demanda que radicó este martes Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González por 250 millones de dólares “violación a deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y acción en daños” también salpica al exmánager del artista, Raphy Pina.
El documento dice que la exesposa del artista, aprovechando su posición en la corporación, autorizó a Raphy Pina para que representara a la parte demandante en la venta del catálogo.
“Al señor Pina le confirió, lo que aparenta ser, poder absoluto sobre la transacción e, incluso, que fuera él la persona a quien habría de notificarse cualquier asunto relacionado al contrato. Esto a pesar de que el señor Pina fue encausado criminalmente en un proceso ante el Tribunal Federal, situación en extremo compleja y sensitiva, que plantea objetivos distintos a los del demandante y las corporaciones”, dice.
“La codemandada Mireddys González, en absurda abdicación de toda injerencia sobre lo relacionado a la venta del catálogo que hiciera al señor Pina, no se ocupó – como dicta la prudencia y la buena práctica comercial - en contratar y procurar para las empresas representación legal independiente a la del señor Pina, para evaluar responsable y objetivamente los detalles de la transacción", precisa la demanda.
El documento dispone que, “como cuestión de hecho, el señor Pina delegó en su abogado, el licenciado Juan Maldonado, quien como puede tomarse conocimiento judicial, enfrentó procesos investigativos y de carácter penal durante el mismo periodo e, incluso, fue desaforado”.
De igual manera, se señaló que las demandadas informaron bajo juramento que la gira “Última vuelta” la manejó World Music Entertainment, entidad perteneciente a Pina.
“Indicaron que entregaron a la parte demandante lo que, alegadamente, este les entregó la noche antes de la última vista en el proceso judicial previo entre las partes relacionado a la acción interdictal. Lo representado por las hermanas González no se ajusta a la verdad. Pues, el trámite relacionado a esta gira se hacía en conjunto entre las demandadas González Castellanos y el señor Rafael (Raphy) Pina y sus agentes o empleados”, destaca el documento.
El periodo de tiempo durante el cual la gira se desarrolló, según la demanda, coincide con el término en que Pina estaba ingresado en una institución penal federal.
“De los documentos que proveyeron las demandadas, no surge la contabilidad, contratos, el cuadre, el desglose de pagos ni auspicios relacionados a esta gira. Tampoco constan los recibos que acrediten las cantidades que retuvo el Sr. Pina, para pagar a la entidad de Daddy Yankee a través de las demandadas. Tales partidas representan ingresos multimillonarios. Ante la falta de documentación pertinente para verificar y constatar lo que se hizo, recibió y desembolsó correctamente, producto de esta omisión de la imprudente gestión administrativa de las demandadas, todo apunta a que los importes se retuvieron directamente por el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME entre 2022-2023 o por alguna otra persona y, por consiguiente, los demandantes no lo recibieron”, dice.
Según la demanda, las demandadas presuntamente autorizaron a Pina a pagarse prácticamente “a sí mismos la cantidad de $27 millones por alegados gastos incurridos, sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos en la gira”.
“Las codemandadas también autorizaron a que el Sr. Pina/Mr. Soldout/WME - mientras se encontraba recluido en la penitenciaria federal, cobrara una comisión de 30% de lo ingresado en la gira de la “Última vuelta”, a pesar de que éste, por razones obvias, no participó de la gira ni tampoco consta ni se evidenció que lo hiciera personal de su oficina", menciona la demanda.
En concreto, el documento dice que las demandadas incurrieron en “daños severos” por manejar inadecuadamente los asuntos relacionados a las corporaciones.
“La campaña difamatoria desarrollada por las demandas también ha afectado el ánimo y la tranquilidad personal de Ayala Rodríguez. El desengaño y frustración de ser traicionado de esta manera por quienes configuraban su familia inmediata y son madre y tía de su hijo e hija, ha ocasionado al demandante severas angustias, malestar y preocupaciones severas”, agrega la demanda.
De igual forma, el documento dice que “ante las falsedades, las narrativas distorsionadas promovidas por las demandadas sobre las operaciones de la carrera musical del demandante y de sobre su persona y el rompimiento total que esto también ha ocasionado de los lazos personales que una vez existieron, han hecho manifiesto y evidente la inviabilidad de que el demandante pueda continuar asociado a las codemandadas profesionalmente”.
